La ReInmigración no es la remigración: por qué la similitud es una elección y no un error

En el debate contemporáneo sobre la inmigración, el término «remigración» ha adquirido una creciente visibilidad también en el contexto español y latinoamericano. Se utiliza con frecuencia en un plano político e ideológico, a menudo para describir propuestas generales de retorno de poblaciones extranjeras, sin una verdadera estructuración jurídica ni una articulación clara con los principios del Estado de Derecho.

Es precisamente en este contexto donde se sitúa el paradigma «Integración o ReInmigración», que introduce una noción solo aparentemente similar, pero en realidad profundamente distinta: la ReInmigración.

La cercanía terminológica entre «remigración» y «ReInmigración» no es casual ni fruto de una imprecisión. Es una elección deliberada. El objetivo es entrar en un espacio semántico ya ocupado para redefinirlo desde una perspectiva jurídica.

Para comprender esta diferencia, es necesario desplazar el análisis del plano político al plano jurídico.

La remigración, tal como se presenta habitualmente, opera en una lógica general y colectiva, difícilmente compatible con los principios fundamentales del derecho europeo, en particular con el respeto a la vida privada y familiar (artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) y con el principio de no devolución.

La ReInmigración, por el contrario, es una construcción jurídica.

No se basa en el origen, la identidad o la pertenencia a un grupo. Se basa exclusivamente en el comportamiento jurídicamente relevante de la persona dentro del ordenamiento. No es una categoría colectiva, sino el resultado de una evaluación individual, fundada en criterios objetivos y verificables.

El punto de partida es claro:
el derecho a permanecer en el territorio no puede desvincularse completamente de un proceso real de integración.

En el paradigma «Integración o ReInmigración», la integración no es una noción meramente social o programática. Se convierte en un elemento jurídicamente relevante. Se articula en torno a tres pilares fundamentales: el trabajo, el conocimiento básico de la lengua y el respeto de las normas.

Este enfoque no es ajeno al sistema jurídico español. Se refleja, por ejemplo, en los procesos de arraigo, en los requisitos vinculados a determinadas autorizaciones de residencia y en los controles de proporcionalidad que realizan la Administración y los tribunales.

La ReInmigración, por tanto, no es una medida ideológica, sino la consecuencia jurídica de un proceso de integración fallido, evaluado caso por caso, con pleno respeto de las garantías procedimentales y de los derechos fundamentales.

La diferencia es esencial.

Mientras que la remigración tiende a configurarse como un enfoque colectivo y general, la ReInmigración es, por naturaleza, individual, procedimental y jurídicamente limitada. Requiere una valoración administrativa, está sujeta a control judicial y debe respetar los estándares constitucionales y europeos.

La elección de un término similar a «remigración» responde a una lógica precisa. En el debate público, las palabras delimitan las soluciones posibles. Evitar ese terreno implicaría dejar espacio a conceptos carentes de rigor jurídico.

Introducir la «ReInmigración» significa, en cambio, desplazar el centro del debate: mantener la atención sobre la cuestión del retorno, pero reconducirla dentro del marco del derecho.

Debe afirmarse con claridad:
la ReInmigración no es una versión moderada de la remigración, sino un paradigma alternativo.

No pretende decidir quién debe irse en función de categorías abstractas. Pretende establecer, jurídicamente, quién tiene derecho a permanecer, en función de su integración, su conducta y el respeto de las reglas.

La similitud entre ambos términos no genera confusión, sino que permite evidenciar la diferencia. Dos palabras cercanas, dos modelos opuestos.

En definitiva, la ReInmigración no busca aproximarse a la remigración, sino confrontarla en el plano lingüístico para superarla en el plano jurídico.

No se trata de una cuestión terminológica, sino de una auténtica alternativa de sistema.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista – Registro de Transparencia de la Unión Europea n.º 280782895721-36
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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